María José Rodríguez y Enrique Javier Díez
VIENTO SUR | 05/09/2020
Este trabajo analiza la trayectoria de las políticas públicas y las responsabilidades institucionales ante la gravedad del problema, tanto a nivel socioceconómico como los impactos en la vida de miles de personas que están siendo desplazadas. Partiendo de un diagnóstico que caracteriza la magnitud del problema, reflexionamos sobre el modelo de desarrollo socioeconómico que lo alimenta. Recuperamos los enfoques de la geografía del poder en un contexto de disputa por los recursos naturales y estratégicos de los territorios, así como los riesgos y retos que enfrenta el espacio vacío, incluidos los impactos socioculturales y comunitarios. El trabajo se inscribe a nivel nacional, pero se ejemplifica en la Comunidad de Castilla y León, y más concretamente en la provincia de León por ser una de las provincias con mayor despoblamiento y menos apoyos institucionales.
La españa vaciada
La despoblación es un problema de tal gravedad que hoy es reconocido como una cuestión de Estado. Por ello, debería ser una prioridad en la agenda nacional y en las políticas públicas, común a todas las administraciones (Zurro y Rueda, 2018).
En España casi dos tercios de los municipios subsisten con menos de mil habitantes. De los 8.125 existentes, la mitad tiene menos de quinientas personas y 1.286 tienen menos de cien (Rico, 2017). El Informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre Población y despoblación en España 2016, subtitulado “El 50% de los municipios españoles, en riesgo de extinción”, daba cuenta de la magnitud del problema. Si entre 2015 y 2016, España perdía globalmente 67.374 habitantes, la población de las ciudades, por contraste, aumentaba en 14.000, lo que muestra el desplazamiento de población y el modelo urbano concentrador del país. En el Mapa “La evolución demográfica de Europa en la última década” se aprecia en azul oscuro las áreas con crecimiento negativo de población, así como las que tienen estancamiento (amarillo y rosa claro). El caso de España es alarmante en relación con los demás países de la Unión Europea (UE).
Mapa 1. La evolución demográfica de Europa en la última década
La situación es especialmente preocupante en Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura. Más del 90 por ciento de todos sus municipios tienen menos de mil habitantes, señala el informe de la FEMP (2017). “Una extensa parte del territorio español se encuentra en la actualidad muy poco poblado, con densidades municipales muy por debajo de las consideradas críticas como son los 5 hab/Km2 y los 10 hab/Km2… las áreas por debajo de dichos umbrales predominan en la mitad norte del interior español” (Pinilla y Sáez, 2017: 4).
Como se puede apreciar en el Mapa “Áreas Escasamente Pobladas 2018” (Burillo et al., 2019), las dos áreas más críticas son la Serranía Celtibérica y la Raya con Portugal, que aparecen en color rojo. La mitad de Castilla y León tiene 3 hab/Km², lo que se tipifica como una zona muy escasamente poblada al tener una densidad igual o menor a 8 hab/Km². El promedio de la Comunidad es de 10, lo que corresponde con una zona escasamente poblada, al situarse entre 8 y 12.5 hab/Km² (Pinilla y Sáez, 2017).
Mapa 2. Áreas escasamente pobladas 2018
Este es el drama también de áreas que no son visibilizadas ya que institucionalmente se considera la media provincial pero no la situación de los municipios en particular. Es el caso de León, como podemos ver en el siguiente mapa. Tres cuartas partes de los municipios son áreas escasamente pobladas –las zonas marcadas en amarillo–, por debajo de 12.5 hab/Km². Pero incluso, de los municipios que están por encima, muy pocos sobrepasan los 100 habitantes y solamente la capital está por encima de 1000. Además, la inmensa mayoría presenta tasas decrecientes. La situación real de la provincia es aún más compleja si consideramos los municipios que tienen 8 o menos hab/Km², consideradas áreas muy escasamente pobladas.
Mapa 3. Densidad de población en los municipios leoneses
El tema de la zonificación no es un asunto menor por sus implicaciones políticas y económicas para acceder a fondos europeos[1]. Hasta el momento, la definición de unidades territoriales que corresponden con áreas escasamente pobladas reconocidas por la UE deja fuera extensas áreas del sur de Europa que enfrentan dicha problemática, como es el caso de buena parte de España.
El debate sobre la definición de áreas escasamente pobladas ha sido largo y se mantiene abierto (Burillo et al., 2019). Inicialmente los criterios beneficiaban fundamentalmente a los países del norte de Europa como Suecia y Finlandia. En la actualidad, los criterios sólo consideran el nivel regional (NUTS 2, menos de 8 hab/ Km²) y provincial (NUTS 3, menos de 12.5 hab/ Km²), quedando fuera el nivel municipal. La consideración de esta categoría, conocida como Unidades Administrativas Locales (NUTS 4 o LAU2), abriría la puerta a numerosos municipios españoles, entre ellos los leoneses (119 en total a diferencia de los 20 actuales).
Mapa 4. Densidad de población por regiones NUTS 3
Hay que recordar también que las áreas con densidades por debajo de los 10 hab/km² han sido históricamente consideradas como “desiertos demográficos”. En el caso de España, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2030 la pérdida de población rural seguirá aumentando y la situación se agravará aún más (Pinilla y Sáez, 2017).
La reestructuración espacial del poder
Hablar de la España vaciada, significa reconocer que han sido las políticas de las Administraciones públicas de nuestro país las que han contribuido a desangrar poco a poco al medio rural, o al menos a no hacer lo suficiente para paliarlo o revertirlo.
La profunda segregación entre el medio rural y urbano comenzó con el modelo de desarrollo centralista que consolidó el franquismo; un modelo de desarrollo dependiente y esquilmador que asignó al mundo rural una función subordinada al desarrollo urbano y, en aquel entonces, al sector industrial (Recaño, 2017). La ciudad tuvo un papel privilegiado en todo momento, asociada a un imaginario de modernización. Esta dinámica se arrastra hasta nuestros días y se fortalece con las políticas neoliberales que se expresan espacialmente. Salvo el breve periodo de distribución social, que duró apenas dos décadas y se nutrió en buena medida de fondos estructurales y las políticas compensatorias de la UE, la centralidad de lo urbano ha sido política de Estado (Blanco y Subirats, 2012). La recuperación de la arquitectura de los pueblos, la casa familiar para el descanso, el impulso al turismo rural y la revalorización sociocultural del pueblo y las tradiciones, fue sólo un lapso que se hizo añicos a medida que la ofensiva neoliberal endureció las políticas de ajuste estructural, aprovechando el contexto de la crisis de 2008. Incluso, durante esos años, la ciudad fue el referente de crecimiento y especulación. La burbuja inmobiliaria fue una pieza clave del espejismo de bonanza que tuvo incluso su proyección en las restauraciones de viviendas rurales. Desde entonces, asistimos a una reorganización intensiva que concentra el trabajo en el medio urbano y en las áreas de costa destinadas al turismo (Díaz, 2012). La geografía del poder se manifiesta en centros de concentración de riqueza, y de escaso empleo, cada vez más precario, así como en una dinámica de desplazamiento forzado de miles de personas que migran a las ciudades y a los lugares de costa -además 2 millones y medio fueron forzados a migrar del país- (Artal, Navarro y Requena, 2015).
Como si se tratara del negativo de una foto, ésta es la cara oculta del despoblamiento. Población joven y adulta que se desplaza a las ciudades desde los pueblos y de las ciudades pequeñas a las más grandes en busca de empleo; vaciamiento en sus lugares de origen con la consecuente pérdida de servicios; una espiral que alimenta a su vez la dinámica de desplazamiento e hiperconcentración urbana. Población que huye del desempleo al mundo urbano y enfrenta procesos de creciente competencia, mientras se genera un ejército de reserva laboral que abarata aún más la mano de obra, aprovechándose de la necesidad. Menos empleo, peor pagado, con peores condiciones, así como una vivienda cada vez más cara resultado de la gentrificación y especulación generalizada. Una dinámica impulsada por las políticas neoliberales y un Estado que ha sido cómplice durante décadas, cuando no directamente responsable (Zurro y Rueda, 2018). Un modelo que desarraiga, excluye y genera pobreza, que pasa a ser, sobre todo, pobreza urbana; pobres que luchan contra otros pobres, todos migrantes, sean originarios o procedan de otros países, disputando un puesto de trabajo, una vivienda barata, una distancia más corta al trabajo (Rodríguez, 2019).
Mapa 5. Dinámica de la concentración urbana
En el mapa se puede apreciar cómo las ciudades y áreas que concentran la mayor parte de población son Madrid y Barcelona, en menor medida el País Vasco, Pamplona y Zaragoza, así como las zonas de costa de Andalucía, Levante (con la excepción de varias ciudades de Alicante) y Baleares. Los puntos marcados en azul son ciudades que pierden población, tanto capitales de provincia como ciudades medianas. La movilidad geográfica coincide con los lugares donde hay mayor contratación, como se muestra en el siguiente mapa que, si bien es de 2014, marca una tendencia que podemos constatar actualmente.
Mapa 6. Ocupados por sectores económicos
Lo que observamos espacialmente es una expresión de la heterogeneidad estructural, así como de la asimetría y desarticulación económico-social que la caracteriza. Unas regiones se constituyen en centros dinámicos de la acumulación y reproducción del capital, mientras que otras se convierten en proveedoras de excedentes y recursos, incluida mano de obra barata, ocupando por tanto una posición periférica y subordinada. Se impone una dinámica similar a la del centro-periferia (Cepal, 1998), que se replica al interior del país, y que impone una especialización económica y una división regional del trabajo desigual, con los impactos sociales que ello conlleva.
La periferia será -y ha sido históricamente- rural, dedicada a actividades del agro y a los recursos minerales (minería metálica, no metálica y del carbón, en su momento). Las zonas que hoy concentran actividad económica articulan lo urbano, las áreas dinámicas de la economía de servicios, la producción industrial (poca) que aún existe en el país y el turismo, actividad extractivista generadora de trabajo precario. A través de esta relación dependiente, se profundiza y reproduce la desigualdad, en sus muy distintas manifestaciones (espacial, económica, social, cultural).
Al mismo tiempo que el modelo económico concentró población en los centros urbanos y turísticos, alimentando el desierto rural, el empobrecimiento trascendió el medio rural y, a través de condiciones laborales y de vida cada vez más precarias, permeó el medio urbano. De esta manera, al problema histórico de desigualdad espacial y social del país, nunca resuelto, se sumaron las particularidades del patrón de acumulación neoliberal, que descansa en la superexplotación del trabajo, profundizando aún más ésta. Las condiciones de los trabajadores en este capitalismo de saqueo y acumulación por desposesión (Harvey, 2007), corresponden a lo que Marini definió como superexplotación del trabajo: la acumulación está centrada en la explotación directa del trabajo/trabajador y no en el incremento de la capacidad productiva; es decir, en la plusvalía absoluta. La superexplotación adoptó tres formas esenciales: incremento de la intensidad del trabajo, prolongación de la jornada de trabajo (o una combinación de ambos) y reducción intensa del fondo de consumo del trabajador, por tanto su salario se convirtió en fondo de acumulación del capital (1991:5). No es casual que la pérdida de poder adquisitivo del trabajador en la última década sea del 7.1% a nivel nacional (INE, 2019). Las regiones periféricas tienen pérdidas muy por encima de ese promedio: “Andalucía ha sido el territorio más perjudicado salarialmente en la última década… Los andaluces han perdido el 14,5% de poder de compra en diez años, más del doble que la media. Castilla y León, con una devaluación del 10,6%, y Aragón 10,3%” (Ubieto, 19 de marzo de 2019).
Pero, como señala Sotelo (2019), la superexplotación de la fuerza de trabajo adopta nuevas modalidades en el neoliberalismo[2]; a la intensificación, a la prolongación de la jornada y a la expropiación creciente del salario, se suma una cuarta modalidad, la precariedad del trabajo y su actualización que afecta al conjunto de las condiciones de trabajo. Esta cuarta dimensión, se constata hoy en la precarización de los trabajadores, tanto en los pueblos y ciudades pequeñas del país que pierden población, como en los centros urbanos y turísticos receptores. Desde el punto de vista del espacio y del territorio, estamos ante una geopolítica de la superexplotación, como dice Sotelo; una geografía de la dependencia que se manifiesta en los niveles regional y local.
Así, el despoblamiento no sólo profundiza el desequilibrio de la estructura socioeconómica y territorial que existía previamente, sino que es resultado de ese mismo desequilibrio nunca resuelto. Podríamos decir que el modelo de desarrollo adoptado responde, retomando la expresión de Gunder Frank, al desarrollo del subdesarrollo; un problema histórico intensificado por el patrón de acumulación neoliberal y por un esquema de inserción dependiente y subordinado a los centros del bloque europeo[3].
El espejismo del tan ansiado salto al desarrollo, representado sobre todo por la entrada en la UE, se diluyó en medio de las contradicciones de este capitalismo expoliador, el recorte de los fondos sociales europeos y el desenmascaramiento de una UE que reproduce internamente una relación centro-periferia (Del Río, 2018). La realidad post-Covid no ha mejorado esta situación.
Desde esta perspectiva, el problema de la España vaciada va más allá del enfoque demográfico enmarcado en la baja tasa de natalidad y envejecimiento poblacional. Es la expresión de las relaciones de poder que sostienen un modelo económico y social concentrador y excluyente, lo que debería ser considerado en toda política pública que quiera enfrentar el problema con seriedad.
Geografía del poder: dependencia y especialización
La dependencia y especialización territorial se manifiestan en la forma de gestión de centenares de centrales hidroeléctricas de las cuales no se benefician los pueblos; en infraestructuras radiales de comunicación vinculadas a núcleos urbanos, dejando languidecer y desaparecer los trenes regionales; en la política energética; en la exigua estrategia de industrialización que dejó fuera a todas las poblaciones rurales intermedias; en la insuficiente dotación de centros de salud en las zonas rurales o su concentración en cabeceras urbanas saturadas; o cuando se exige la misma ratio de alumnado para un módulo de formación profesional en la montaña que en un instituto de la ciudad.
La especialización en el marco de una relación de dependencia genera dos tipos de regiones, como señalan diversos especialistas (Carpintero, 2015): unas especializadas en la extracción de recursos y el vertido de residuos, consideradas como regiones periféricas; y otras, las centrales, especializadas en el consumo y acumulación. Las regiones despobladas, que coinciden con las regiones periféricas, son las abastecedoras de recursos, pero son también las que reciben el mayor impacto ambiental debido a ello. Este modelo de organización económica, propio del extractivismo, en el que hay que incluir la economía del turismo, agudiza la desigualdad (espacial, económica y social) así como el despoblamiento. Una vez más, como ya señalamos respecto al abaratamiento del salario y precarización laboral, la España vaciada es funcional al diseño y los intereses económicos de este capitalismo de saqueo y acumulación por desposesión.
La especialización productiva y comercial es propia de una división regional del trabajo desigual, con relaciones de producción e intercambio desiguales entre regiones. La producción y comercialización de bienes primarios a cambio de productos de mayor valor agregado da lugar a un deterioro de los términos de intercambio a nivel regional y nacional que se manifiesta en una geografía del poder con territorios despoblados y empobrecidos económicamente mientras otros concentran población y actividad económica.
Los territorios despoblados proveen los recursos naturales usados como materiales de construcción (cantera, minerales no metálicos, madera). Entre el 50% y 75% de los recursos naturales utilizados en cada región han tenido ese destino. La burbuja inmobiliaria disparó el proceso: “Tanto en la fase de auge, como en la posterior de declive, la explosión generalizada en el uso de recursos naturales a escala regional ha tenido consecuencias demoledoras” (Carpintero, 2015, II). No obstante, las regiones receptoras también sufren los impactos destructivos del modelo: “la preocupante media estatal de una tonelada de cemento por hectárea en el punto álgido de la burbuja, queda empequeñecida por las 7,5 toneladas por hectárea que cayeron en Madrid, las 2,5 en la Comunidad Valenciana, o las 2,1 en Cataluña” (2015, II). Para las regiones periféricas, el nivel de extracción fue escandaloso. Frente al promedio de Consumo Interno de Materiales (CIM) de 12,6 Tm/hab en 2010, Asturias llegó a 30,3 Tm, seguida de Castilla y León con 23,5.
La biomasa (agraria, forestal y pastos) como porcentaje del CIM fue en promedio nacional del 23% pero alcanzó el 61% en Extremadura, el 42% en Castilla y León y el 36% en Castilla La Mancha. Medido como consumo de biomasa por Tm/hab, Extremadura cuadruplica la media nacional (12,4 Tm/hab frente a 3 Tm/hab de media nacional) y Castilla y León la triplica (10,3 Tm/hab), además de ocupar el primer lugar regional en biomasa agraria (21.7%) y el segundo en biomasa forestal (15.4%). Esto abrió un debate sobre las implicaciones para los bosques de la zona, como sucedió en Galicia, que es la primera generadora de biomasa forestal de especies no autóctonas pero de alto rendimiento, como el eucalipto.
El esquema de producción y consumo de energía eléctrica sigue el mismo patrón: Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón y Extremadura proveen de energía eléctrica, hidroeléctrica o térmica -aunque ésta cada vez menos tras los cierres de los últimos años- a las regiones centrales (Madrid, Cataluña, País Vasco). El 76% de la electricidad generada en Extremadura se envía a Madrid, el 48% en el caso de Castilla La Mancha y el 44% en el caso de Castilla y León. El 44% de la energía eléctrica que genera Aragón tiene como destino Cataluña (Carpintero, 2015, 144-415). Mientras, Madrid consume 19 veces más energía eléctrica de la que produce.
En cuanto a la producción agrícola y su peso en el sector alimentario, igualmente, las regiones periféricas cumplen una función de abastecedoras de los centros. Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha concentran la mitad del valor agregado bruto agrario, manteniendo un patrón de especialización tradicional (Carpinterio, 2015, 86). Por el contrario, la producción industrial se concentra en Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana -entre el 60 y 62% del valor total-. Vemos como la especialización productiva refleja un patrón de desigualdad regional característico de la dinámica centro-periferia.
Lo mismo podemos decir sobre la extracción de minerales metálicos que, si bien ha caído desde la década de los noventa, se sigue concentrando en Andalucía (cobre, plata, zinc, estaño), Asturias y Cantabria (cobre), Castilla y León (uranio y litio, aunque en pequeñas cantidades en comparación con otros países) y Extremadura (níquel). Actualmente se está hablando de una nueva fase de explotación del sector que, no obstante, no modifica la especialización descrita.
A nivel de intercambio comercial, el modelo económico mantiene la misma tendencia, al estar concentrada tanto la demanda como la oferta en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía: “Este resultado muestra ya dos cosas claramente: 1) el grueso del trasiego de energía, materiales y bienes por el territorio se concentra en el corredor litoral mediterráneo al que se le une la capital madrileña como foco de atracción; y 2) esta tendencia confirma en términos físicos que los flujos comerciales (no sólo los de población) están consolidando la división regional del trabajo ya mencionada” (Carpintero, 2015: 119-120).
A partir de los datos presentados, el vaciamiento se convierte más bien en saqueo. El patrón de acumulación concentrador que desplaza población de unos lugares para concentrarla en otros se refleja en una geografía de la dependencia. La cara menos visible de la España vaciada está asociada al extractivismo y al deterioro ambiental grave, tanto para las regiones periféricas como para las centrales, con los consiguientes efectos en la vida de las personas. Además, la mayor intensidad en el uso de materiales conlleva un incremento en la cantidad de residuos que hay que depositar en un espacio físico, lo que complejiza el problema ambiental del país, ya de por sí difícil, a tal punto que España está entre los países europeos con peores indicadores en tratamiento y manejo de residuos (Brunat, 2017).
Como se aprecia en el mapa, los vertederos se ubican en regiones periféricas y, en general, escasamente pobladas. De los 21 millones de Tm de residuos que se generan en el país al año, el 70% acaban en vertederos sin tratamiento; la UE habla de 88 vertederos en estas condiciones de los que 80% se ubican en Castilla y León y en las Islas Canarias. El problema puede ser aún más grave si se considera, como plantean diversos especialistas, que los datos sobre residuos de distinto tipo son escasos, poco confiables, especialmente los industriales, y hay sobre ellos bajos niveles de control, tanto a nivel nacional como en Castilla y León.
Mapa 7. Vertederos que incumplen la directiva europea de tratamiento de residuos
En cuanto a los residuos industriales, Castilla y León también pasó a convertirse en una receptora de los residuos procedentes del resto del país, “reforzando así su papel en la división regional del trabajo, no sólo como zona de extracción, sino también de vertido” (Carpintero, 2015, 132); un triste ejemplo de especialización regional. Es también la primera Comunidad receptora de residuos peligrosos y tóxicos. La vulnerabilidad de las regiones periféricas crece con el despoblamiento.
El patrón de desigualdad centro-periferia se reproduce al interior de las regiones, llegando al nivel municipal y local. Castilla y León es nuevamente un ejemplo con “altos grados de disparidad entre las diferentes provincias que conforman la región. Tal vez la más notable sea la diferencia entre tres provincias que se suelen situar con un PIB per cápita superior a la media española (Valladolid, Burgos y Palencia) y que, no en vano, acumulan también en torno al 80 % de las exportaciones de toda la región; frente a otras provincias como Zamora, Ávila o León, cuyo PIB per cápita se ha venido encontrando durante mucho tiempo más de 15 puntos por debajo de la media española” (Carpintero, 2015, 387). En definitiva, esta Comunidad es un ejemplo representativo de la vulnerabilidad económica y social de un territorio marcado por la especialización en productos primarios, con escaso valor agregado, que la hace dependiente de la adquisición de productos industriales, químicos e incluso semi-manufacturados con mayor valor agregado, con el consiguiente deterioro de los términos de intercambio. Es una región proveedora, tanto a nivel nacional como internacional, de: cereales –es considerada el granero del país-; biomasa agraria, aunque va creciendo la forestal; carne y leche –tiene la mayor cantidad de cabezas de ganado de España-; y minerales no metálicos (arena, grava, piedra caliza) con los que se fabrica el cemento y ladrillos que luego tiene que comprar. Su producción industrial se restringe a semi-manufacturas agroalimentarias y al sector automotriz, cada vez más decaído, que es fundamentalmente ensamblaje, sin inversión I+D, y cuyo destino son los países europeos. A cambio, tiene que adquirir de otras regiones del país fertilizantes y abonos para su agricultura, así como otros químicos, combustible, equipo industrial, etc. Este modelo dependiente explica las dinámicas de relegamiento y empobrecimiento de un territorio que expulsa población y en el que se puede constatar una política pública con escasos apoyos y voluntad para revertir la tendencia. Por ahora, las alternativas siguen centradas en dinámicas extractivas y de saqueo: minerales no metálicos, minerales metálicos como el litio o el nuevo impulso para explotar el uranio –fuente de residuos tóxicos-, el continuismo de las industrias de biomasa en gran escala, las macrogranjas, etc. Un “estilo de desarrollo” que lejos de constituir una opción devasta aún más los territorios en pro de una visión cortoplacista en la que prima la ganancia.
La reconstrucción del contexto socioeconómico y político del despoblamiento, a través de la perspectiva de una geografía del poder que no es sino geografía de la dependencia, es fundamental a la hora de evaluar las alternativas que se van generando.
Vaciamiento sociocultural y quiebra del vínculo comunitario
El despoblamiento impacta además en la vida social y cultural de los pueblos con la violencia silenciosa de la desmemoria y el olvido. El desplazamiento de quienes tienen que migrar a las ciudades, condena a estas personas y a sus territorios al desarraigo sociocultural, a la desaparición de saberes, tradiciones y formas de relación que descansan en una hacer y una historicidad colectiva de largo recorrido. El sentido y significado de estos pueblos hoy vaciados, o a punto de serlo, que entrelaza tanto la vida de quienes los habitan (habitaban) como del espacio habitado, se va desvaneciendo. Así el vaciamiento territorial va acompañado de vaciamiento sociocultural.
La cartografía, que es también social, entendida como representación de existencias en un espacio, relaciones, narraciones y vidas colectivas que geosimbolizan un lugar, da paso a la des-cartografía con la desaparición de los pueblos. La cultura es la producción de lo diverso que se teje en el hacer y la construcción de una narración que da sentido al grupo. Sin personas, con vías de comunicación semi-abandonadas, sin servicios, sin festividades, sin espacios de reunión, sin voces que cuenten quiénes son y de dónde vienen, queda el vacío. En este sentido, a la desigualdad territorial se suma el vaciamiento cultural que arrasa con la diversidad sociocultural de la población y sus territorios. Se impone la cartografía del poder que exalta el anonimato de la gran ciudad o de los centros turísticos mientras silencia la vida de las pequeñas ciudades y pueblos.
En el vaciamiento hay un proceso de des-apropiación del espacio. Se pierde el arraigo y sentido de pertenencia que transforma el espacio en territorio donde la población despliega “sus actividades productivas, sociales, políticas, culturales y afectivas… sus estrategias de desarrollo y, todavía más, para expresar en el curso del tiempo su identidad profunda mediante la señalización de los lugares” (Lecoquierre y Steck, 1999, 47). Desde esta perspectiva, el despoblamiento conlleva la pérdida de la territorialidad.
En el espacio se expresan, por tanto, las formas de producir, intercambiar, relacionarse y ser. Es la expresión de un proceso histórico y en él se realiza, objetiva y subjetivamente, la cultura de los pueblos, las formas de pensar, actuar, sentir y percibir que constituyen el habitus. Por tanto, la dinámica de concentración en unos lugares y vaciamiento en otros, es la representación espacial de la forma concreta en que opera el capitalismo neoliberal y el bloque de poder que controla el Estado.
En este sentido, el desplazamiento de población que se ve obligada a abandonar sus pueblos y pequeñas ciudades, es un proceso mucho más violento de lo que parece a simple vista; se está doblegando a miles de personas a ser otros y dejar de ser, con lo cual sus espacios/territorios sufren ese mismo proceso. Somos seres de representación y narración, así alimentamos y reinventamos nuestra memoria colectiva y nuestras proyecciones de futuro. El despoblamiento expresa una espacialidad fragmentada que es también memoria social fragmentada, vaciamiento sociocultural y organizacional. En definitiva, vulnerabilidad con mayores posibilidades de control político.
Asistimos a una disputa por los territorios/espacios que refleja concepciones de vida antagónicas. Una utilitarista, centrada en la ganancia y el enriquecimiento. Otra centrada en la vida colectiva de los pueblos y su cultura. Esta disputa es la que se expresa hoy desde la geografía del poder y sus dinámicas. Un territorio vaciado de personas, de sus vidas, de su historia y organizaciones, es un espacio sin resistencias, pero no es un espacio estático y sin disputa.
El vacío es un espacio susceptible de apropiación, más aún si en él hay recursos naturales (bosques, agua, minerales, etc.) o potenciales fuentes de riqueza (incluido el espacio como depósito de residuos). El capitalismo valoriza y (re)valoriza incluso lo que parece carecer de todo valor. De hecho, el valor de los recursos naturales sólo tiene sentido en función de la sociedad en un momento dado (López, Abellán y Godenau, 2009). Es el caso del litio o del uranio, o cualquiera de los minerales estratégicos de nuestros días; algunos descubiertos recientemente, como los depósitos de litio en Castilla y León a los que hacíamos mención, o como el valor que adquiere el agua, el oro azul, en un país con escasos recursos hídricos y que de acuerdo a todas las tendencias de cambio climático se desertificará. Una provincia como León, atravesada de norte a sur por diversos ríos y que contiene varios pantanos y embalses ¿quedará simplemente como espacio vacío con sus recursos acuíferos sin disputa?
La lectura dinámica del espacio nos sitúa ante un proceso de (re)apropiación del territorio y sus (potenciales) recursos, con la correspondiente transformación en la estructura de la propiedad de la tierra y su resignificación sociocultural e histórica. Son las personas que aún viven en pueblos semi-abandonados las que enfrentan a las mineras, como el caso de la minera australiana interesada en el litio de Cáceres; o la colocación de vertederos, muchos de ellos peligrosos, como en el Centro de Tratamiento de Residuos en San Justo de la Vega (León); o a las macrogranjas que apenas generarán puestos de trabajo, pero que contaminarán la tierra y los acuíferos, como en Aragón, León, Hellín (Albacete) y en otros lugares (Falces, 2017).
En este contexto hay que repensar los efectos del debilitamiento de la organización colectiva y de instituciones ancestrales, como las Juntas Vecinales, hoy amenzadas, que tienen atribuciones en el control y fiscalización del territorio y en el cuidado de la memoria (Valderrama y Gutiérrez, 2014). La eliminación de las Juntas Vecinales es funcional al desmantelamiento y reapropiación de esos territorios por parte del capital. León tienen el mayor número a nivel nacional: 1.231 Juntas Vecinales de un total 3.704 (Concejos, 2018). Es decir, la descartografía y reapropiación es consustancial a la expansión del capitalismo de despojo y saqueo de los territorios.
Elementos para la reflexión
En estas “tierras incógnita” (Preciado y Pablo, 2010) se están jugando procesos definitorios entre la apropiación y la desapropiación del espacio; en ellas se expresa la tensión entre la dinámica del poder pero también del contrapoder. Ante la supresión de espacios y actores políticos, que invisibiliza a la gente y sus pueblos, también se mantiene la resistencia de quienes se convierten en sus habitantes-guardianes, se movilizan, convocan y proponen, no sólo para ser visibilizados, sino para comunicar propuestas respaldadas por su experiencia, saberes, disponibilidad y energía para hacerse cargo de sus territorios y sus vidas. El potencial de las “tierras incógnita” radica en que son espacios de transformación frente a la homogeneización urbana y la repetición de formas de vida que deshumanizan; en esa tensión se construye el espacio como “espacio diferencial”, como utopía concreta, del que nos hablara Lefebvre (1974). Frente al espacio de los tecnócratas utilitaristas que tratan de usurparlo con sus proyectos y discursos, está el espacio vivido, susceptible de convertirse en contra-espacio.
En el nivel macro, geopolítico, el despoblamiento también pone en juego la reapropiación del espacio ¿Acaso puede renunciar este país al 53% de su territorio y a los recursos que hay en él? Puede ser el momento para repensar un proyecto de país desde relaciones regionales igualitarias que ponga en el centro la diversidad sociocultural y condiciones de vida digna en sus territorios, de manera que se transforme la relación periférica y de dependencia de España en la UE. Si las soluciones no vienen de adentro, esta “tierra incógnita” tendrá poco margen de reorientación y otros decidirán desde un enfoque utilitarista. ¿O pensamos que la UE aceptará pasivamente que una de sus fronteras estratégicas, que custodia la entrada al Mediterráneo y el norte de África, sea sin más un espacio “vacío”?
Se necesita un “plan estratégico de Estado” frente al reto demográfico que trascienda del problema a las soluciones. Es necesario cumplir con los acuerdos establecidos hasta ahora que no se han cumplido y retomar las múltiples propuestas que las organizaciones sociales han construido a través de los años, mucho antes de que la administración tomara cartas en el asunto. Es indispensable contar con un presupuesto mínimo destinado a cohesión social y territorial, a pesar de la política de recortes que la UE impuso desde 2008 y que la crisis vinculada a la pandemia de Covid19 parece que mantendré. Es, sobre todo, fundamental que los grandes beneficiarios de las ayudas directas de la PAC no sean los grandes propietarios y productores, ‘el 82% del total va a solo el 20% de los receptores”
(Böll-Stiftung y Seo-Bird Life, 2019, 11) y acabar con el despilfarro de recursos públicos que está directamente asociado a la deficiencia institucional en sus distintos niveles (nacional, autonómico y local). La magnitud de la ineficiencia/despilfarro/corrupción, asciende a 15.217 M€ para el periodo 1985-94, se dispara a 147.733 M€ entre 1995-2007, los años más especuladores de orientación neoliberal, y 31.557 M€ entre 2008-2016 (Romero, 2018). En Castilla y León, además es necesario considerar y revisar el uso de los fondos MINER que lejos de apoyar la reconversión de las cuencas mineras dejaron una estela de ineficiencia y dispendio en unos municipios entonces en difícil situación económica y hoy asolados por el despoblamiento tras el cierre de las minas.
Por ello es necesario cambiar de enfoque y de políticas respecto a cómo abordar el problema de la despoblación desde un modelo postcapitalista, rompiendo el eterno ciclo productivista basado en el único criterio del beneficio y apostando por el decrecimiento (Díez, 2010). Además de generar posibilidades de empleo vinculadas a la conectividad y a ámbitos no tradicionales, es necesario asumir, de una vez por todas, la necesidad de una auténtica Reforma Agraria, desde otro modelo productivo basado en el reconocimiento de que los alimentos se producen conjuntamente con la naturaleza, en la lógica del cuidado y con el objetivo primordial de alimentar a las personas, avanzando en un modelo de soberanía alimentaria. Es igualmente indispensable garantizar servicios sociales para que las personas puedan quedarse a vivir en sus lugares de origen, sin ser forzados a desplazarse a las ciudades intermedias o a las grandes ciudades.
Notas:
[1] El papel del lobby “Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa”, integrado por empresarios con apoyo de académicos, alcaldes y grupos locales de Soria, Cuenca y Teruel, resultó muy importante para visibilizar este problema y contrasta con la pasividad de empresarios y políticos leoneses y de Castilla y León.
[2] Deja de ser una característica de las regiones/países periféricos para penetrar el sistema mundial en su conjunto; adopta un carácter estructural y no coyuntural, que profundiza las contradicciones (crisis, desarticulación espacial y económica, heterogeneidad estructural, desigualdad social y territorial, dependencia).
[3] Esta condición periférica en relación a la Unión Europea se compensa con el extractivismo que practica sobre las antiguas colonias, América Latina y el norte de África.
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María José Rodríguez Rejas (Universidad Autónoma Ciudad de México. México)
email: maria.jose.rodriguez@uacm.edu.mx
Enrique Javier Díez Gutiérrez (Universidad de León. España)
email: enrique.diez@unileon.es
Fuente: https://vientosur.info/la-disputa-por-los-territorios-olvidados/
